Su llamado final es claro: las semillas tradicionales y las prácticas históricas vinculadas a ellas deben quedar explícitamente protegidas.
El ingeniero agrónomo y académico del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago de Chile analizó la propuesta de modificación normativa sometida a consulta pública por el SAG para la comercialización de semillas corrientes. A su juicio, la regulación debe distinguir claramente entre la actividad comercial de las empresas semilleras y las prácticas históricas de intercambio, reproducción y circulación de semillas campesinas y tradicionales.
La circulación de semillas entre campesinos y campesinas es mucho más que una transacción comercial. Detrás de ella existe una práctica histórica de intercambio, conservación y adaptación de variedades que se ha desarrollado por generaciones en los distintos territorios del país.
Esa es una de las principales preocupaciones planteadas por Luis Sáez Tonaca, ingeniero agrónomo y académico del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago de Chile, frente a la propuesta de modificación normativa del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) relacionada con la comercialización de semillas corrientes.
Para el académico, uno de los problemas centrales está precisamente en la forma en que se entiende el concepto de “comercialización”. Desde una mirada convencional, explicó, esta supone llevar un producto hasta el consumidor mediante una transacción cuyo objetivo es generar ganancias. Sin embargo, esa definición no necesariamente representa lo que ocurre históricamente en el mundo campesino.
En los territorios existen intercambios, trueques y prácticas como los trafkintu, donde las semillas circulan entre familias y comunidades no solo por un eventual beneficio económico, sino también para compartirlas, conservarlas y permitir que continúen reproduciéndose y adaptándose a distintos ambientes.
¿Los intercambios de semillas pueden entenderse como comercialización?
“Hay una diferencia enorme”, plantea Sáez. Mientras la comercialización tradicionalmente tiene como finalidad generar ganancias, en los intercambios campesinos existe también “una acción más solidaria” y, especialmente en el caso de las semillas, una forma de proteger y conservar los recursos genéticos.
El académico explica que cuando las semillas son intercambiadas y sembradas año tras año, continúan reproduciéndose, mantienen su capacidad germinativa y van adaptándose a las condiciones particulares de distintos territorios.
Por eso, considera más apropiado hablar de circulación de semillas que simplemente de comercialización.
“El concepto de comercialización más tradicional, obviamente, no se puede aplicar al trafkintu”, sostuvo, advirtiendo que una normativa que no haga esta distinción corre el riesgo de encuadrar prácticas culturales campesinas dentro de una lógica diseñada principalmente para empresas dedicadas comercialmente a la producción y venta de semillas.
¿Esta normativa podría transformarse en un desincentivo para la agricultura familiar campesina e indígena?
“Sí, claro”, responde Sáez.
A su juicio, imponer nuevas exigencias a pequeños productores puede convertirse en una barrera para continuar cultivando y reproduciendo sus propias semillas.
El académico reconoce que el SAG tiene una responsabilidad legítima en materias como la protección fitosanitaria o el cumplimiento de determinadas características cuando una empresa comercializa semillas bajo estándares específicos. El problema, señala, aparece cuando esas mismas obligaciones pueden terminar alcanzando a agricultores que intercambian, reproducen o venden pequeñas cantidades de semillas como parte de una práctica campesina.
Por ello, sostiene que quienes realizan estos intercambios con fines de conservación, reproducción o circulación y no tienen como objetivo principal generar ganancias debieran quedar expresamente fuera de estas exigencias.
La biodiversidad también está en juego
Otro de los riesgos señalados durante la conversación es la eventual pérdida de diversidad genética.
Sáez utiliza el caso de la quinua para explicar el fenómeno. Aunque suele asociarse su producción con el altiplano, existen variedades adaptadas a condiciones completamente diferentes en zonas como O’Higgins, Maule e incluso Chiloé.
No todas reaccionan igual frente al clima, el suelo o la disponibilidad de agua. Esa diversidad ha sido posible porque durante generaciones las semillas han seguido siendo cultivadas, seleccionadas y reproducidas en distintos territorios.
El mismo fenómeno puede observarse en las papas chilotas, los maíces o los tomates.
El académico recordó la conversación con un agricultor que conservaba alrededor de 40 variedades de tomate, una cifra que sorprendió a estudiantes acostumbrados a encontrar apenas unas pocas variedades en el mercado.
La importancia de esa diversidad, explica, está precisamente en que distintas semillas pueden responder de manera diferente a las condiciones ambientales: una puede comportarse mejor en un año seco y otra en uno lluvioso.
¿Cuál debiera ser entonces el principal cambio en la propuesta?
Para el académico, la clave está en eliminar cualquier espacio de ambigüedad.
“No queda claro”, afirma respecto de si las prácticas campesinas quedan efectivamente excluidas de las nuevas obligaciones.
Por ello, considera necesario que la normativa establezca expresamente que las exigencias destinadas a las empresas dedicadas comercialmente a las semillas no se aplican a los intercambios, reproducción y circulación tradicional realizada por campesinos y campesinas.
Sáez ejemplifica la dificultad con una situación cotidiana: una persona puede comprar una sandía a un agricultor, guardar sus semillas, sembrarlas posteriormente y compartirlas con un vecino. Resultaría desproporcionado, plantea, entender que una práctica de esa naturaleza tenga que someterse a procedimientos pensados para el mercado formal de semillas.
El problema de fondo, añade, aparece cuando las instituciones intentan aplicar una misma lógica de mercado a realidades que funcionan de manera diferente.
Para Sáez, cualquier normativa relacionada con las semillas debe reconocer que detrás de ellas existen culturas, conocimientos, formas de intercambio y relaciones comunitarias que preceden largamente a los actuales sistemas de certificación y comercialización.
Su llamado final es claro: las semillas tradicionales y las prácticas históricas vinculadas a ellas deben quedar explícitamente protegidas.
“Que no considere esa realidad tiene que quedar explícitamente excluido, porque si no va a ser un daño tremendo para nuestra soberanía alimentaria”, concluyó.
